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El rector de la Universidad Central, Edgar Samaniego, se encuentra impulsando distintas acciones de represión en contra de la comunidad universitaria y principalmente contra los colegios anexos.

Luego de los hechos sucedidos el 8 de diciembre de 2009 en la Universidad Central, se ha impulsado una campaña de represión en contra de los colegios universitarios Odilo Aguilar y Manuel maría Sánchez, para ello se impulsa un proceso de reorganización que busca la desaparición de los colegios anexos de la Universidad.

Parte de la campaña de represión es el Estatuto Universitario, que fue aprobado en primer debate, en el Art. 44 que se refiere a las Unidades Experimentales señala que “... los colegios anexos, los órganos académicos de vinculación con la sociedad están bajo la responsabilidad del Rector, quien designará a las autoridades y escogerá las Facultades que contribuyan a su supervisión”, con ello se pretende desarticular a la Facultad de Filosofía ya que se propone dejarla sin los laboratorios de práctica docente; esto ya ocurrió con el Colegio Manuel María Sánchez, en donde Samaniego impuso a las autoridades del colegio, cometiendo una nueva irregularidad violando el debido proceso, que considera que “todo trámite debe concretarse luego que la comisión especial emita el informe correspondiente”, cosa que no se respetó ya que en tiempo récord, antes de finalizar el 2009, el rector de la Central impuso a sus felipillos en la dirección del Colegio.

Al los docentes, empleados y trabajadores de estas dos instituciones se les quita el derecho a elegir y ser elegidos. En el caso del Odilo Aguilar las cosas no son diferentes, sin que exista informe alguno, los miembros de la comisión nombrada por el Rector emitieron su veredicto acusatorio contra esta institución.

En estos dos casos el derecho a la defensa ha quedado en letra muerta, al respecto en el Art. 152 se manifiesta que “en los sumarios administrativos se cuidará que se cumplan las garantías del debido proceso y que las personas contra las cuales se lo haya iniciado puedan ejercer plenamente su derecho de defensa”.

De igual manera podemos manifestar, que el nuevo Estatuto atenta contra derechos adquiridos a los largo de la vida institucional. La disposición estatutaria vigente garantiza a todas las facultades, organismos, centros de experimentación y por supuesto a los anexos a nombrar de manera universal, secreta, directa y obligatoria a sus autoridades más idóneas para el ejercicio democrático de la dirección de estas instituciones.

Pese a que se manifiesta que el presente Estatuto entrará en vigencia una vez que sea aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP, mientras tanto se aplicará el estatuto vigente, por lo tanto el Consejo Universitario y el Rector de la Central se encuentran violentando el reglamento vigente de la UCE.