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Ahora correspondió el turno a los líderes de la CONAIE. Marlon Santi, Delfín Tenesaca y varios dirigentes de la Federación Indígena Campesina de Imbabura enfrentan un juicio por sabotaje y terrorismo debido a la manifestación de protesta efectuada en las inmediaciones del local donde se realizaba la Cumbre del ALBA, en Otavalo.

La misma acusación se lanzó en contra de los pobladores de Dayuma y a Marcelo Rivera, presidente de la FEUE, lo mantienen preso durante siete meses por “acción terrorista”. La lucha de los pobladores de las provincias del sur en contra de la explotación minera a gran escala igualmente ha sido reputada de terrorista de parte del gobierno central. Cuando las acciones de protesta popular -como las del magisterio o de los estudiantes universitarios y secundarios- no han sufrido tal calificativo, en cambio, han sido desprestigiadas en los peores términos y, en todos los casos, duramente reprimidas.

En los hechos el derecho a la protesta ha sido anulado y el combate popular criminalizado. Este gobierno, en este aspecto, ha ido más lejos que cualquiera de los gobiernos de derecha que se turnaron en Carondelet en los últimos veinte años, pues, ninguno de ellos se atrevió a tomar el tipo de medidas que el actual lo hace en contra del movimiento popular y sus dirigentes.

Paradójicamente, este gobierno que se reivindica como representante de los intereses populares tiene a sus organizaciones como los principales blancos de ataque. No hay semana en la que Rafael Correa deje de hablar en contra de la FEUE, de la UNE, de la CONAIE, de los sindicalistas, de las organizaciones de izquierda, etc. mientras nada dice en contra de los banqueros o de los dirigentes de las cámaras de empresarios, de los grandes importadores o exportadores. En esta “revolución” los grandes empresarios pasan tranquilos mientras los dirigentes populares se encuentran vigilados, perseguidos, enjuiciados. Una clara demostración de la derechización gubernamental que la denunciamos desde hace algunos meses atrás.